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Jorge Villalba
La resolución incluyó un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. El caso vuelve a comprometer políticamente al oficialismo, que tuvo a Espert como uno de sus principales candidatos y recibió al dirigente bajo el respaldo público de Javier Milei.
José Luis Espert fue procesado este jueves por presunto lavado de activos en una causa que investiga el origen de una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 de una empresa guatemalteca vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y le prohibió salir del país.
La investigación busca determinar si esos fondos, que Espert atribuyó a un supuesto contrato de asesoramiento, tenían origen ilícito y fueron incorporados al circuito económico mediante operaciones destinadas a darles apariencia legal. Machado fue condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero. El procesamiento representa un avance judicial, aunque no equivale a una condena definitiva.
Pero el caso también tiene una dimensión política que alcanza al espacio de Javier Milei.
Espert fue una de las figuras que acompañaron el crecimiento del liberalismo argentino y en 2025 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Su candidatura terminó en una renuncia en medio del escándalo por sus vínculos económicos con Machado.
Milei, que había respaldado públicamente al economista, llegó a sostener que las acusaciones respondían a una operación en su contra. Ahora, con el procesamiento dictado por la Justicia argentina, aquella defensa vuelve a quedar en el centro de la discusión política.
La pregunta que vuelve a instalarse es qué controles aplica el oficialismo sobre las personas a las que promueve y convierte en representantes de su proyecto político. La consigna de combatir los privilegios, terminar con la corrupción y diferenciarse de la política tradicional también exige explicaciones cuando una figura central del espacio queda comprometida en una investigación de esta gravedad.
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La responsabilidad penal de Espert deberá determinarse en la Justicia. La responsabilidad política, en cambio, abre otro debate: qué sabía el oficialismo sobre sus vínculos, por qué lo sostuvo como candidato y qué explicación ofrece hoy frente a un procesamiento que ya no puede reducirse a una denuncia o a una controversia electoral.
