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Jorge Villalba
La reunión con 76 intendentes, el diálogo con empresarios y la UOCRA, y un aumento salarial del 8,5% marcan una estrategia política que busca sostener la gestión provincial en medio de la crisis. En contraste, el Gobierno de Milei profundiza su confrontación internacional y mantiene a las economías regionales frente a dificultades que requieren respuestas concretas.
La política misionera está mostrando señales de reordenamiento. Hugo Passalacqua reúne a intendentes, sostiene el diálogo con sectores productivos y gremiales y busca mantener en marcha obras e inversiones en un escenario nacional que restringe los recursos disponibles. No son hechos aislados: juntos permiten observar cómo el gobernador consolida una posición propia en el mapa político provincial.
El dato más contundente en el plano territorial llegó el 7 de octubre, cuando 76 intendentes participaron de un encuentro de trabajo en Ruiz de Montoya. La convocatoria fue presentada como una instancia para analizar las necesidades de los municipios, pero también tuvo una lectura política evidente: una amplia mayoría de los jefes comunales se sentó alrededor de una misma mesa con el gobernador.
La reunión tuvo un antecedente en mayo, cuando los intendentes habían expresado su respaldo a Passalacqua y reclamado mayor participación en las definiciones políticas del oficialismo. Cinco meses después, el acompañamiento se amplió y coincidió con el crecimiento de Movimiento por lo que Viene, un espacio que construye una estructura territorial y partidaria propia.
No significa que las diferencias internas hayan desaparecido ni que el escenario electoral esté definido. Pero sí indica que Passalacqua conserva capacidad de convocatoria y que la relación con los municipios se convirtió en una pieza central de su construcción política.
En una provincia donde los intendentes deben responder diariamente por el agua, los caminos, la asistencia social, la iluminación y los servicios básicos, la articulación con el Gobierno provincial adquiere una importancia que va más allá de las fotos institucionales. La clave está en si esa relación puede traducirse en soluciones concretas para cada comunidad.
La construcción y la UOCRA, otro frente decisivo
El 21 de octubre, Passalacqua encabezó una nueva reunión del i-HUB del Sector de la Construcción, un espacio que reúne al Estado provincial, cámaras empresariales y representantes gremiales, entre ellos la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La agenda incluyó la continuidad de la obra pública, programas de vivienda, infraestructura vial, mejoras escolares y electrificación rural. También se analizaron las posibilidades de sostener inversiones frente a la retracción de los fondos nacionales.
El Gobierno provincial informó que durante 2026 se habían entregado 431 viviendas y que otras 338 unidades estaban en construcción. Además, se preveía adjudicar otras 66 entre octubre y noviembre. En la agenda de infraestructura figuraron las terceras trochas de la Ruta Nacional 14 entre Leandro N. Alem y Campo Viera, la pavimentación de la Ruta Provincial 17 y mejoras en el acceso a Fachinal.
El encuentro tiene una dimensión económica y social que no debería subestimarse. El circuito virtuoso de la construcción moviliza empresas, corralones, proveedores, transportistas y trabajadores. Cuando se paraliza una obra, el impacto no termina en el obrador: se extiende a una cadena de actividades que sostiene numerosos empleos.
La UOCRA viene advirtiendo sobre las consecuencias laborales de la paralización de proyectos financiados por la Nación. En junio, Passalacqua ya había recibido a representantes del gremio para analizar la emergencia ocupacional del sector y las alternativas para sostener puestos de trabajo con proyectos provinciales.
El gobernador también planteó que el financiamiento propio puede ayudar a mantener determinadas inversiones, aunque advirtió que esa herramienta no puede reemplazar indefinidamente los recursos nacionales.
Allí aparece uno de los desafíos centrales de su gestión: demostrar que el ordenamiento de las cuentas provinciales sirve para sostener actividad y empleo, sin ocultar los límites presupuestarios ni la magnitud de las necesidades pendientes.
El aumento salarial como señal política y económica
El 20 de octubre, Passalacqua anunció un incremento salarial del 8,5% para los trabajadores públicos activos y los jubilados provinciales. La suba se dividió en dos tramos: 5% en octubre y 3,5% en noviembre.
La medida se sumó a las señales de gestión con las que el Gobierno provincial busca sostener los ingresos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y retracción del consumo.
El aumento no elimina las dificultades que enfrentan los hogares ni permite afirmar, por sí solo, que los salarios hayan recuperado lo perdido frente a la inflación. Pero representa una decisión concreta sobre cómo distribuir los recursos provinciales y sobre el papel que el Gobierno atribuye al ingreso de los trabajadores en el funcionamiento de la economía local.
Passalacqua defendió esa lógica al señalar que los recursos que llegan a los hogares vuelven a circular en almacenes, comercios, emprendimientos y servicios. En una economía provincial afectada por la caída del consumo, el salario público también tiene un efecto sobre numerosos pequeños negocios que dependen de la demanda interna.
En términos políticos, el aumento refuerza una línea de acción: sostener el diálogo con los sectores laborales y utilizar las herramientas disponibles para evitar que la contracción económica se traduzca en un deterioro todavía mayor del consumo.
Enio Lemes y la disputa por el sentido de la política
En este escenario también adquieren relevancia las intervenciones públicas del diputado provincial Enio Lemes, quien viene defendiendo la gestión de Passalacqua y cuestionando las políticas del Gobierno nacional.
Sus declaraciones apuntan a una discusión de fondo sobre el papel de los representantes políticos. Lemes insiste en que los diputados deben recorrer los barrios, escuchar a los vecinos y conocer de primera mano los problemas de la población, tal la acción del bloque Por lo que Viene, en lugar de limitarse a opinar desde una oficina con aire acondicionado desde el centro o desde la avenida Costanera.
Ese planteo conecta con la importancia que adquieren los intendentes dentro de la estrategia provincial. El contacto territorial puede convertirse en una fortaleza cuando permite detectar necesidades, organizar respuestas y mantener abiertos los canales de diálogo. También puede perder credibilidad si las promesas no se traducen en soluciones.
Las apariciones mediáticas de Lemes contribuyen, además, a instalar una interpretación política del momento: frente a una Nación que reduce su intervención en distintos ámbitos, Misiones intenta sostener herramientas de gestión propias y defender sus intereses.
Milei, entre la confrontación internacional y las demandas internas
El contraste con Javier Milei aparece tanto en el plano internacional como en las prioridades económicas.
Las confrontaciones verbales del Presidente con Pedro Sánchez, en España, y Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, generaron tensiones políticas y diplomáticas. La cuestión no pasa solamente por el tono de sus declaraciones, sino por el costo potencial de convertir las diferencias ideológicas en enfrentamientos personales con países relevantes para la Argentina.
Brasil es uno de los principales socios comerciales argentinos. La relación bilateral tiene consecuencias directas sobre industrias, exportaciones, empleo e inversiones. España, por su parte, mantiene vínculos económicos e históricos relevantes con nuestro país.
Un presidente puede defender sus ideas y expresar diferencias con otros mandatarios. Lo que corresponde evaluar es si su conducta contribuye a proteger los intereses argentinos o si agrega conflictos innecesarios a una agenda internacional que ya presenta desafíos económicos y comerciales.
Mientras esas controversias ocupan la escena pública, las provincias siguen reclamando respuestas sobre infraestructura, producción y empleo.
En Misiones, el sector yerbatero continúa siendo un ejemplo especialmente sensible. Los cambios regulatorios nacionales y la pérdida de herramientas de intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate profundizaron las discusiones sobre el poder de negociación de los productores frente a la industria. Para los pequeños yerbateros, la cuestión no es abstracta: se trata del precio de la hoja verde, los costos de producción y la posibilidad de sostener sus chacras.
La retracción de la obra pública nacional, a su vez, impacta en la construcción y en las economías vinculadas a esa actividad. Las rutas nacionales 12 y 14 son fundamentales para la conectividad de Misiones y para el traslado de personas y mercaderías. Su mantenimiento y desarrollo requieren una respuesta que no puede depender exclusivamente de la capacidad financiera provincial.
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Cuando la Nación reduce su participación, el Gobierno misionero debe decidir qué puede sostener con recursos propios, qué obras debe priorizar y qué demandas no está en condiciones de atender. Es una presión fiscal, económica y social que repercute en los municipios y en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Mientras todo esto ocurre los misioneros siguen esperanzados por lo que viene.
