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Jorge Villalba
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó por unanimidad, durante la última sesión ordinaria del año, una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para ampliar sus facultades de fiscalización sobre las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal.
El proyecto fue enviado por el gobernador Hugo Passalacqua e impulsado en la Legislatura por el bloque del Movimiento por lo que Viene. La reforma alcanza a las sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y otras entidades en las que el Estado tenga mayoría del capital o capacidad de decisión.
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es que el Tribunal de Cuentas deberá remitir anualmente a la Legislatura un informe con los resultados de sus auditorías. De esta manera, se incorpora un mecanismo de seguimiento institucional sobre la utilización de los recursos públicos administrados por esas empresas.
Durante el debate, el diputado José Luis Pastori destacó que la reforma establece una obligación de control que no estaba expresamente contemplada. Señaló que el organismo podrá verificar si los gastos cuentan con la documentación respaldatoria correspondiente y si el destino de los fondos se ajusta a las normas vigentes.
El miembro informante, Alejandro Arnhold, sostuvo que la diversidad de estructuras jurídicas del Estado no debe convertirse en un obstáculo para controlar el uso de los recursos públicos. También aclaró que ampliar las facultades de fiscalización no significa desconocer las competencias de los órganos de administración de cada empresa.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Anazul Centeno, destacó que el proyecto fue enriquecido durante su tratamiento con aportes de distintos bloques políticos.
Juan José Szychowski, en tanto, explicó que la nueva atribución se suma a los controles internos, balances y auditorías que ya realizan las empresas y aclaró que el Tribunal de Cuentas no asumirá funciones de conducción ni administración.
La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 y establece un nuevo alcance para el control externo sobre las entidades que administran recursos públicos en Misiones.
