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Jorge Villalba
La detención de su principal accionista, Federico Miguel Vázquez Villasanti, profundizó el escándalo. El episodio reabre una comparación inevitable con el corralito argentino de 2001, cuando miles de ahorristas quedaron atrapados por las restricciones impuestas durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Paraguay atraviesa horas de incertidumbre después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor crecimiento del país, que cuenta con aproximadamente tres millones de clientes. La decisión se tomó luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por las normas financieras.
La medida dejó suspendidas las operaciones de la entidad y generó preocupación entre ahorristas, trabajadores, jubilados y organismos públicos que mantenían fondos depositados. Aunque el Banco Central aseguró que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por persona y entidad, los saldos superiores quedaron sujetos al proceso de resolución y recuperación de activos.
El escándalo adquirió una dimensión política y judicial cuando la Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos y personas vinculadas a la entidad. Entre ellos se encuentra Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal accionista del Grupo Vázquez y vicepresidente primero de Ueno Bank, quien se presentó ante la Policía. Este miércoles, la Fiscalía avanzó con la imputación de 27 personas por presuntos hechos de lesión de confianza y otros delitos, y solicitó prisión preventiva para Vázquez. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas y resueltas por la Justicia.
Las explicaciones del Banco Central apuntaron a presuntas operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador, debilidades en la documentación de los préstamos y un deterioro de los indicadores de liquidez. La autoridad monetaria sostuvo que se trata de un caso particular y no de una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo. Sin embargo, la magnitud de la entidad y la cantidad de usuarios afectados transformaron el episodio en un problema de alcance nacional.
Para los argentinos, la situación tiene una referencia histórica difícil de olvidar. El 1 de diciembre de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa y con Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional dictó el Decreto 1570/2001, que estableció restricciones a los retiros de efectivo y a las transferencias al exterior.
Así comenzó el período conocido como el corralito, que limitó el acceso de los ciudadanos a su propio dinero. La medida buscaba frenar la salida de depósitos y contener una crisis financiera que ya estaba golpeando al país. Pero sus consecuencias sociales fueron profundas: familias que no podían disponer de sus ahorros, comerciantes sin liquidez, jubilados afectados y una sociedad que perdió buena parte de su confianza en las instituciones.
La crisis desembocó en una explosión social y política que terminó con la renuncia de De la Rúa el 20 de diciembre de 2001. Después llegaron el default, la devaluación y la pesificación asimétrica de los depósitos en dólares, con consecuencias que marcaron durante años la relación de los argentinos con los bancos.
La situación de Paraguay no es idéntica a la que atravesó Argentina en 2001. En el caso de Ueno Bank, el Banco Central inició un procedimiento de resolución de una entidad específica por problemas de solvencia, mientras que el corralito argentino fue una restricción generalizada que alcanzó al conjunto del sistema bancario.
Tampoco son iguales los contextos económicos ni los gobiernos involucrados. La crisis argentina se produjo durante la administración de Fernando de la Rúa, bajo el régimen de convertibilidad y en medio de una profunda recesión, endeudamiento y pérdida de depósitos.
Sin embargo, existe un punto de contacto que merece atención: cuando las crisis económicas y financieras golpean la vida cotidiana, los ciudadanos terminan pagando las consecuencias de decisiones que se toman en los niveles más altos del poder político y económico.
La comparación también invita a mirar el presente argentino. Bajo el gobierno de Javier Milei, las políticas de ajuste, la reducción del gasto público y los cambios en la intervención estatal vuelven a colocar en el centro del debate el papel del Estado, la protección de los sectores más vulnerables y la necesidad de preservar la confianza económica. Esto no significa que Argentina esté atravesando actualmente una situación equivalente al corralito ni que exista una crisis bancaria de las características de la de 2001.
La experiencia histórica demuestra que la estabilidad financiera no puede medirse solamente por los indicadores macroeconómicos. También depende de que las personas puedan confiar en las instituciones y disponer de sus ingresos y ahorros.
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Lo que hoy sucede en Paraguay vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que los argentinos conocen demasiado bien: ¿qué ocurre cuando una persona trabaja durante años, deposita sus ahorros en un banco y, de un día para otro, no puede disponer de su propio dinero?
