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Jorge Villalba
Busca reemplazar el régimen de emergencia por un sistema permanente de financiamiento, mantener beneficios para las personas con discapacidad y establecer mecanismos para regularizar deudas con prestadores.
El Senado de la Nación tratará el próximo 19 de noviembre el proyecto de la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que busca dar continuidad a las prestaciones y establecer un marco permanente de protección para las personas con discapacidad y sus familias.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado.
El objetivo central es reemplazar el régimen de emergencia vigente, que vence el 31 de diciembre, por una normativa permanente que establezca condiciones de financiamiento, cobertura y funcionamiento del sistema.
La iniciativa consiguió el respaldo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales. En Diputados había sido aprobada con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones.
Entre los principales puntos, la propuesta contempla mantener las pensiones no contributivas por discapacidad en un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y permitir su compatibilidad con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También establece la continuidad de la cobertura médica para los titulares de las pensiones comprendidas en el régimen, a través del programa Incluir Salud o el sistema que lo reemplace, y conserva la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones.
Otro aspecto central es el financiamiento. El texto dispone que los recursos destinados al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior, con el propósito de dar previsibilidad a las instituciones y profesionales que trabajan en el sector.
Además, incorpora auditorías y controles periódicos para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las pensiones. Esos procedimientos deberán contemplar notificaciones y oportunidades de presentar descargos antes de adoptar medidas que puedan afectar los beneficios.
El proyecto también incorpora un mecanismo para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
La propuesta establece un cronograma para avanzar con esos pagos y fija plazos para que el Poder Ejecutivo reglamente la nueva normativa una vez sancionada.
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La discusión en el Senado será determinante para el futuro del sistema. La expectativa es que la Cámara alta otorgue la sanción definitiva antes de que finalice el año, evitando que el vencimiento de la emergencia deje sin un marco legal específico a las prestaciones destinadas a miles de personas con discapacidad en todo el país.
