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Suspensión de drones para aplicaciones en Misiones: la decisión de Ecología abrió un debate con el sector productivo

La Disposición 104/2026 del Ministerio de Ecología suspendió preventivamente y por tiempo indeterminado el uso de drones para aplicar productos fitosanitarios y domisanitarios en toda la provincia
Actualidad17/11/2026 16:43Jorge VillalbaJorge Villalba
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Foto ilustrativa 

La medida generó cuestionamientos de cámaras empresariales y entidades productivas, que advierten sobre el impacto en la innovación, las inversiones y el trabajo. Desde la perspectiva ambiental, las denuncias por aplicaciones irregulares en chacras de San Javier y Pozo Azul volvieron a poner en discusión los controles y los riesgos de estas prácticas.

La decisión del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones abrió un debate entre dos cuestiones que atraviesan a la producción provincial: la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar las actividades agropecuarias y forestales, y la necesidad de garantizar que la aplicación de productos químicos no genere daños a la salud de las personas ni al ambiente.

Resolución Ecología Drom
Resolución Ecología 

El tema tomó relevancia luego de que se conociera la Disposición N.º 104/2026, firmada por el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Facundo Daniel Ringa, que establece la suspensión preventiva y por tiempo indeterminado del uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT), conocidos como drones, para la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios en todo Misiones.

La medida no pasó inadvertida en el ámbito empresarial. La Cámara LGSM, la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM) y la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) entre otros difundieron comunicados en los que manifestaron su rechazo o preocupación por la decisión y reclamaron una revisión de la medida.

Al mismo tiempo, los reclamos de productores rurales por presuntos daños en plantaciones y molestias físicas luego de aplicaciones realizadas con drones en zonas de San Javier y Pozo Azul incorporaron otro elemento al debate: la necesidad de controles efectivos sobre quiénes aplican, qué productos utilizan y bajo qué condiciones realizan las tareas.

Qué establece la disposición de Ecología

El artículo primero de la Disposición 104/2026 ordena suspender preventivamente y por tiempo indeterminado, en todo el territorio provincial, el uso de drones para la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios de saneamiento ambiental.

En su segundo artículo, la resolución instruye a la Dirección de Recursos Vitales a elaborar, con carácter de preferente y pronto despacho, la reglamentación del artículo 60 del Decreto Provincial 2556/2022.

Este último punto es importante para comprender el marco normativo. El decreto de 2022 contempla la utilización de drones, pero establece que deben operar bajo condiciones de forma, altura y seguridad que determine la autoridad de aplicación, de manera que no afecten los recursos naturales ni alteren negativamente el ambiente.

Por lo tanto, la disposición actual plantea una suspensión preventiva mientras se avanza en la elaboración de esas pautas específicas.

Las cámaras empresariales advierten sobre el impacto productivo

Entre las primeras reacciones estuvo la Cámara LGSM, que calificó la medida como un retroceso tecnológico. Desde la entidad sostienen que los drones permiten realizar aplicaciones más precisas, utilizar menores cantidades de agua y reducir el contacto directo de los trabajadores con los productos fitosanitarios.

Cámara de Comercio Libertador Gral San Martin
Cámara de Comercio Libertador Gral San Martin

También remarcaron que estas herramientas tienen particular importancia en Misiones, donde las chacras pequeñas, las pendientes, los yerbales, las tealeras y las forestaciones presentan dificultades para el ingreso de tractores y otros equipos convencionales.

La Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM) expresó una postura similar. Consideró que una eventual utilización incorrecta de la tecnología debe abordarse mediante controles, identificación de responsables y sanciones, en lugar de establecer una suspensión generalizada.

Cámara de Comercio de Monte Carlo
Cámara de Comercio de Monte Carlos

Ambas entidades solicitaron que se deje sin efecto la Disposición 104/2026 y reclamaron reglas claras que permitan continuar incorporando tecnología bajo condiciones de seguridad.

Por su parte, la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) manifestó su preocupación por la incertidumbre que, a su entender, genera la decisión sobre el marco regulatorio de la producción.

Amayadap

La entidad forestoindustrial advirtió que las restricciones pueden desalentar inversiones, incorporación tecnológica y generación de empleo. Al mismo tiempo, reconoció la responsabilidad del Estado de proteger la salud pública y el ambiente, pero propuso abrir una instancia de trabajo conjunto con las autoridades y los sectores involucrados para revisar los alcances de la medida.

Las denuncias ambientales que también forman parte del debate

Del otro lado de la discusión aparecen situaciones denunciadas por productores rurales que reclaman mayor control sobre las aplicaciones realizadas con drones.

En los últimos días se conocieron denuncias de familias de San Javier y Pozo Azul que señalaron daños en plantaciones de tabaco, hortalizas y otros cultivos, además de molestias físicas que atribuyeron a fumigaciones realizadas en establecimientos cercanos.

El Ministerio de Ecología intervino en estos casos y comenzó actuaciones para determinar qué productos fueron utilizados, quiénes realizaron las aplicaciones y si se respetaron las condiciones establecidas por la normativa.

Según publicaciones periódisticas, las investigaciones incluyen el relevamiento de las plantaciones afectadas y la reconstrucción de la trazabilidad de los productos utilizados. Hasta el momento, las denuncias deben diferenciarse de los resultados definitivos de las investigaciones, que deberán establecer las responsabilidades y eventuales consecuencias sanitarias y ambientales.

Estas situaciones ponen sobre la mesa una preocupación concreta: la utilización de tecnología de aplicación aérea requiere condiciones de operación, capacitación y fiscalización que eviten posibles daños a terceros, especialmente en zonas rurales donde conviven distintas actividades productivas y viviendas familiares.

Un debate que necesita reglas claras y controles efectivos

La discusión que se abrió en Misiones no se limita a estar a favor o en contra de los drones. Involucra la manera en que la provincia debe regular la incorporación de nuevas tecnologías en sus actividades productivas, sin dejar de lado la protección de la salud y el ambiente.

Por un lado, las cámaras empresariales sostienen que los drones pueden representar una herramienta de precisión y eficiencia, especialmente en una provincia con características geográficas y productivas particulares. Por otro, las denuncias conocidas recientemente muestran la importancia de contar con controles capaces de prevenir aplicaciones irregulares y determinar responsabilidades cuando se producen daños.

La suspensión dispuesta por Ecología coloca ahora el foco en la reglamentación pendiente del Decreto 2556/2022 y en la necesidad de establecer parámetros concretos para el funcionamiento de estos equipos.

El desafío será encontrar un marco que permita combinar innovación tecnológica, previsibilidad para quienes producen, controles sobre los aplicadores y garantías para las familias que viven en las zonas rurales.

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Mientras tanto, la medida sigue generando repercusiones en distintos sectores de la economía misionera y abre un interrogante sobre cómo se resolverá una cuestión que involucra tanto al desarrollo productivo como al cuidado ambiental.

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