
Aguinaldo en enero: el debate que expone el costo del ajuste de Milei
Jorge Villalba
Aunque Economía salió a desmentir la medida, la propuesta dejó al descubierto las tensiones de las cuentas públicas y reavivó el debate sobre las promesas del Gobierno.
La noticia cayó como un baldazo de agua fría para miles de trabajadores estatales. Según trascendió, el equipo económico que conduce Luis Caputo habría evaluado trasladar a los primeros días de enero de 2027 el pago del aguinaldo de aquellos empleados públicos nacionales que perciben salarios superiores a los 1,4 millones de pesos.
La iniciativa buscaba sacar de la caja de diciembre un desembolso estimado en poco más de un billón de pesos, en un mes en el que el Gobierno necesita mostrar resultados fiscales ante el Fondo Monetario Internacional.
La información generó preocupación y una fuerte reacción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamó el pago antes de las fiestas. Posteriormente, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, negó que el Gobierno fuera a postergar salarios, jubilaciones o gastos relevantes y aseguró que los compromisos se cumplirán en tiempo y forma.
Sin embargo, el episodio dejó una pregunta incómoda: ¿por qué se llegó siquiera a evaluar que los trabajadores esperen hasta enero para cobrar una parte de un salario que corresponde a diciembre?
De las promesas a la realidad
Para quienes todavía creen que el ajuste iba a recaer solamente sobre la política, la discusión sobre el aguinaldo representa un golpe de realidad. También interpela a quienes imaginaron que sus ingresos pasarían rápidamente a medirse en dólares o que la eliminación de los planes sociales sería una consecuencia sencilla de un cambio de gobierno.
La realidad económica es bastante más compleja que las consignas de campaña. Los trabajadores siguen haciendo cuentas para llegar a fin de mes, los jubilados enfrentan dificultades para sostener sus gastos y distintos sectores sociales dependen de ingresos y prestaciones que continúan siendo motivo de discusión.
La promesa de terminar con los privilegios de la llamada casta política también merece una revisión. Una cosa es cuestionar los privilegios y los gastos injustificados del Estado, y otra muy distinta es que el equilibrio de las cuentas termine convirtiéndose en una preocupación permanente para quienes viven de un salario.
El Gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su discurso sobre la idea de que el esfuerzo permitiría ordenar la economía y recuperar la confianza. Pero cuando el ajuste llega a los ingresos, a los derechos laborales y a la vida cotidiana, la discusión deja de ser una cuestión de números y se convierte en una realidad que atraviesa a las familias.
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Aunque la postergación del aguinaldo fue desmentida oficialmente, la sola posibilidad de trasladar ese pago al año próximo abrió un interrogante que el Gobierno deberá responder con hechos: si el programa económico busca ordenar las cuentas públicas, ¿quién está soportando el mayor peso de ese esfuerzo?


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