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Jorge Villalba
Más de 2,2 millones de personas dejaron de contar con cobertura de obra social, prepaga o mutual desde fines de 2023, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud analizados por el Instituto Argentina Grande.
El fenómeno tiene dos explicaciones principales: personas que perdieron su empleo formal y, por lo tanto, la obra social asociada a ese trabajo, y familias que, frente a la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de las cuotas, dejaron de pagar una prepaga.
El resultado es una mayor presión sobre hospitales y centros de salud públicos, que deben atender a una población cada vez más amplia en un contexto de restricciones presupuestarias.
Uno de los datos que más preocupa aparece entre los jóvenes: el 49,9% de las personas de entre 15 y 29 años depende actualmente exclusivamente del sistema público de salud, según el relevamiento citado. Unos 438.790 jóvenes habrían perdido la cobertura que tenían desde fines de 2023.
El dato abre una discusión que va más allá de las estadísticas: qué ocurre cuando una familia deja de poder pagar su cobertura privada y la única alternativa que le queda es el hospital público.
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En ese punto, el debate sobre el ajuste económico deja de ser solamente una discusión de números y pasa a verse en las salas de espera, en los turnos y en la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Y Misiones no está al margen de esa realidad.
Para una provincia donde el sistema público tiene un papel central, el crecimiento de la demanda plantea una pregunta inevitable: ¿están preparados los hospitales para absorber a todos aquellos que ya no pueden sostener una cobertura privada?
