
$1,6 millones para no ser pobre: el costo de vida vuelve a desnudar la distancia entre los salarios y la economía real
Jorge Villalba
La cifra corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que contempla alimentos y también otros bienes y servicios esenciales. En agosto aumentó 2,6%, por encima de la inflación general del mes, que fue del 1,7%. En los últimos doce meses, la CBT acumuló una suba del 38,3%.
El dato adquiere otra dimensión cuando se lo lleva a la vida cotidiana. No se trata de cuánto dinero necesita una familia para vivir con comodidad, comprar un auto, salir de vacaciones o acceder a determinados bienes. Se trata del ingreso que, según la metodología oficial, necesita un hogar compuesto por dos adultos y dos niños para superar el umbral estadístico de la pobreza.

Y hay otro número todavía más difícil de ignorar: para cubrir solamente las necesidades alimentarias básicas, ese mismo hogar necesitó $726.469 en agosto. Esa es la línea de indigencia.
El problema de fondo es que la discusión económica no puede quedar reducida a si la inflación mensual bajó al 1,7%. Para una familia que debe pagar alquiler, transporte, luz, agua, educación, medicamentos, alimentos y otros gastos cotidianos, una inflación menor no significa necesariamente que el costo de vida haya dejado de ser una preocupación.
De hecho, durante agosto ocurrió algo significativo: mientras el índice general de precios avanzó 1,7%, la Canasta Básica Total aumentó 2,6%. Es decir, los bienes y servicios que determinan el umbral de pobreza se encarecieron a un ritmo mayor que la inflación promedio.
El dato también obliga a mirar qué sucede con los ingresos. Si los salarios, jubilaciones y otros ingresos familiares crecen por debajo del costo de la canasta, el resultado es una pérdida de capacidad para cubrir las necesidades básicas, aun cuando las estadísticas macroeconómicas muestren una mejora en algunos indicadores.
Ahí aparece una de las principales discusiones sobre las políticas económicas nacionales: no alcanza con estabilizar determinados números si esa estabilización no se traduce en una mejora concreta del poder adquisitivo y de las condiciones de vida.
La economía se puede medir en porcentajes, pero las familias la sienten en el supermercado, en la factura de luz, en el alquiler, en el transporte y en la cantidad de cosas que deben dejar de comprar para llegar a fin de mes.
Los $1,6 millones del INDEC son, en definitiva, mucho más que una cifra. Funcionan como una fotografía del costo mínimo que enfrenta una familia para no ser considerada pobre y muestran que, detrás de la discusión sobre inflación y estabilidad, todavía existe una enorme batalla por recuperar ingresos y capacidad de consumo.
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Y esa discusión, especialmente en provincias como Misiones, donde el costo de muchos productos y servicios puede tener particularidades propias, no debería quedar encerrada en las estadísticas nacionales. Debería ser parte central del debate sobre qué modelo económico permite que trabajar alcance realmente para vivir.


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