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Jorge Villalba
El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante 2025 se notificaron 46.799 casos de sífilis en población general, con una tasa de 117,2 casos cada 100.000 habitantes. El propio organismo señala que se trata de una tendencia ascendente que se sostiene desde hace 15 años.
La sífilis no es una enfermedad del pasado. Se transmite principalmente por relaciones sexuales sin protección, muchas veces puede no presentar síntomas y, sin tratamiento, puede generar complicaciones. La buena noticia es que se puede detectar mediante un test y tiene tratamiento.
En paralelo, Tulipán, una de las marcas más conocidas de preservativos del país, reconoció en septiembre de 2026 que atraviesa la mayor caída de ventas de su historia. La empresa fabricante, Kopelco, redujo su plantilla de 355 a 135 trabajadores durante este año y habló de una “crisis del deseo” y de una fuerte caída del consumo.
Pero hay otro dato que vuelve todavía más incómodo el contraste.
En un informe oficial presentado ante el Congreso, el Ministerio de Salud reconoció que durante 2024 hubo un desvío negativo significativo en la distribución de preservativos por incumplimientos de la empresa proveedora y demoras en los procesos de adquisición. Ese año se distribuyeron 1.414.368 preservativos en todo el país. Misiones recibió 23.904 unidades en ese envío informado oficialmente.
Por eso debemos hacernos la pregunta más importante: si una enfermedad prevenible continúa creciendo, ¿qué está haciendo el Estado para reforzar la prevención, el acceso a preservativos, el testeo, el diagnóstico y el tratamiento?
La propia normativa sanitaria argentina reconoce que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual forman parte de las obligaciones del sistema de salud, y que el preservativo es una herramienta fundamental para reducir el riesgo de transmisión.
El problema, entonces, no puede reducirse a una campaña publicitaria ni a una empresa que vende menos.
Hay una cuestión de salud pública detrás.
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Una sociedad en la que se venden menos preservativos mientras aumentan las infecciones de transmisión sexual debería encender una señal de alerta. Y frente a esa señal, la discusión no debería ser solamente cuánto cuesta un preservativo, sino cuánto cuesta para el Estado no prevenir.
La prevención sanitaria tiene un costo. La ausencia de prevención también.
