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Jorge Villalba
Hay una pregunta que atraviesa hoy la realidad de Misiones: ¿quién se hace cargo cuando la Nación reduce su presencia en áreas esenciales y las necesidades de la población siguen estando ahí?
La discusión sobre el ajuste nacional suele presentarse en términos de equilibrio fiscal, reducción del gasto y ordenamiento de las cuentas públicas. Pero en las provincias esas decisiones tienen consecuencias concretas. Se reflejan en los centros de salud, las escuelas, las rutas, los municipios y el bolsillo de las familias.
Uno de los ejemplos más sensibles es el de los medicamentos. Ante la reducción de los envíos del programa Remediar, Misiones anunció que destinará entre 1.000 y 1.200 millones de pesos mensuales para garantizar tratamientos esenciales que antes llegaban a través de ese programa nacional. La medida busca sostener la atención de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud, en una provincia donde, según estimaciones del Ministerio de Salud, alrededor del 60% de la población no cuenta con obra social ni prepaga.
El propio gobernador Hugo Passalacqua volvió a advertir sobre esta situación el 28 de octubre, durante el Congreso Nacional de COSSPRA realizado en Puerto Iguazú. Allí señaló que la Provincia debe hacerse cargo de recursos que dejó de enviar Nación y describió el crecimiento de la demanda en los hospitales públicos, al que vinculó con las dificultades de muchas familias para sostener una cobertura médica privada.
“Uno puede reclamar, pero la gente se tiene que curar”, expresó Passalacqua. La frase resume el dilema que enfrenta la administración provincial: aun cuando los recursos nacionales disminuyen, la atención sanitaria no puede detenerse.
La misma presión aparece en materia de infraestructura. Las obras viales nacionales demoradas, la falta de transferencias para proyectos y las necesidades de mantenimiento afectan la conexión entre localidades, el traslado de la producción, el turismo y la seguridad de quienes circulan. En los primeros siete meses de 2026, un relevamiento sobre transferencias de capital registró para Misiones apenas un millón de pesos destinados a obras mediante ese mecanismo. El dato no incluye todas las inversiones nacionales directas, pero permite dimensionar la escasez de fondos transferidos a la Provincia.
También hay presión sobre las cuentas provinciales por la evolución de la coparticipación. Un informe de Politikon Chaco publicado el 30 de octubre estimó que Misiones acumuló entre enero y octubre una pérdida de 8.235 millones de pesos en transferencias automáticas nacionales, con una caída real del 0,4% frente al mismo período de 2025. La coparticipación no es un favor: forma parte del sistema federal de distribución de recursos y resulta fundamental para que las provincias puedan sostener sus responsabilidades.
En educación y asistencia social también se siente la presión. La reducción de programas nacionales y la paralización de obras que dependían de esos fondos obligan a la Provincia a revisar prioridades y destinar recursos propios. Los comedores escolares, la infraestructura educativa y la atención de las familias más vulnerables no pueden quedar suspendidos por una decisión presupuestaria tomada a cientos de kilómetros de la realidad misionera.
Pero frente a ese escenario también hay que mirar el esfuerzo que realiza el Gobierno provincial para dar respuestas. Passalacqua viene insistiendo en que la Provincia debe administrar con responsabilidad, ordenar sus cuentas y sostener las prestaciones esenciales, aun en un contexto de recursos limitados.
Ese esfuerzo se expresa en decisiones concretas: la compra provincial de medicamentos, la entrega de ambulancias a municipios, el sostenimiento de programas de asistencia y las inversiones en servicios e infraestructura. El 28 de octubre, por ejemplo, el Gobierno provincial informó la entrega de ambulancias a seis municipios y la inauguración de una nueva sala de internación en el hospital SAMIC de Puerto Iguazú.
También está la gestión ante Nación para conseguir respuestas que beneficien directamente a los misioneros. Un ejemplo reciente fue la oficialización de la tarifa diferencial para zonas cálidas, una demanda que Passalacqua venía impulsando y que fue anunciada por el Gobierno provincial el 27 de octubre. Se trata de una medida que busca atender una realidad concreta de los hogares misioneros, donde el consumo eléctrico aumenta por las condiciones climáticas.
En este contexto, las palabras del diputado provincial Enio Lemes en la Legislatura adquirieron una dimensión política particular. Durante la última sesión ordinaria, el legislador cuestionó con dureza al Gobierno de Javier Milei y vinculó sus críticas con el impacto de las políticas nacionales sobre las familias, las personas con discapacidad y quienes necesitan medicamentos.
Lemes también hizo referencia a las dificultades que atraviesan los hogares para llegar a fin de mes y al endeudamiento de muchas familias para cubrir gastos básicos. En su intervención, defendió el esfuerzo de la administración misionera y cuestionó que se ponga en duda la gestión provincial mientras debe responder a demandas que, según planteó, Nación dejó de atender.
“No sé cómo les da la cara para cuestionar a un gobierno que se las arregla solo, estoicamente, en la provincia de Misiones”, afirmó el diputado. Sus declaraciones expresan una posición política frente al modelo nacional y ponen en el centro del debate la responsabilidad de los distintos niveles del Estado.
Lemes también reivindicó el trabajo territorial que impulsa Passalacqua. Señaló que el gobernador pide a funcionarios y legisladores recorrer la provincia, acercarse a los problemas y buscar soluciones junto a los vecinos. “Hay que ir a donde está el problema, encontrarle la solución y tratar de que la gente esté, aunque sea un poquito, mejor todos los días”, expresó en otra intervención pública.
Ese planteo permite entender una parte del desafío que enfrenta Misiones: administrar con recursos limitados, sostener servicios y mantener presencia en cada localidad. No alcanza con discutir cifras de transferencias o partidas presupuestarias cuando detrás de cada decisión hay una familia que necesita atención médica, un productor que debe sacar su cosecha, un docente, un trabajador o un municipio que debe responder a sus vecinos.
El problema es que las necesidades no se suspenden cuando se interrumpe una transferencia. El paciente sigue necesitando su tratamiento, el camino necesita mantenimiento, la escuela debe alimentar a sus alumnos y los municipios deben atender a sus comunidades. Alguien tiene que cubrir esos costos, y en muchos casos ese esfuerzo recae sobre las administraciones provinciales y locales.
Misiones puede ordenar sus cuentas y priorizar sus recursos, pero no puede reemplazar indefinidamente todas las obligaciones que corresponden al Estado nacional. El federalismo no puede reducirse a que las provincias recauden, se hagan cargo de las urgencias y reciban cada vez menos recursos para sostenerlas.
El debate no debería ser solamente cuánto ahorra el Gobierno nacional, sino quién paga el costo de ese ahorro. Porque cuando se habla de medicamentos, rutas, escuelas, coparticipación y asistencia social, no se está discutiendo una planilla contable: se está hablando de la vida cotidiana de miles de misioneros.
La Nación debe recuperar una mirada federal y asumir las responsabilidades que le corresponden. Misiones necesita recursos, continuidad de obras y políticas públicas coordinadas. Mientras tanto, el Gobierno provincial enfrenta el desafío de sostener respuestas con sus propios recursos, y Passalacqua ha colocado esa tarea como una prioridad de su gestión.
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El equilibrio fiscal puede ser una herramienta de administración, pero no debería convertirse en una excusa para desentenderse de la gente. Porque el ajuste puede figurar en los números nacionales; sus consecuencias se sienten en cada localidad de Misiones.
