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Jorge Villalba
Las diferencias políticas no pueden convertirse en persecución, hostigamiento ni descalificación de quienes piensan distinto. El periodismo tiene la responsabilidad de preguntar, investigar y expresar opiniones sin temor a represalias. Y los ciudadanos tienen derecho a disentir sin ser señalados por hacerlo.
En democracia, ningún cargo es un permiso para imponer silencio. El poder público debe ejercerse con responsabilidad, respeto y tolerancia a las voces críticas.
Compartimos la reflexión de Eduardo Pérez: “Lo que verdaderamente aterroriza a esta aristocracia en retirada es la libertad”.
El poder libertario se exhibe hoy en su versión más desbocada. Se pide hoguera y silencio para periodistas, se estigmatiza a los disidentes y se persigue a todo aquel que se opone a lo que el relato oficial prefiere contar.
Generalmente se analizó la conducta oficial bajo el prisma de la soberbia de una élite embriagada de autoridad. Sin embargo, quizás un análisis descarnado de la realidad, en este contexto de la política misionera, revele la verdadera naturaleza de sus actos: no es arrogancia; es puro y maldito miedo.
Lejos de nacer de una supuesta superioridad, esta violencia política brota del pánico insoportable que provoca la cuenta regresiva. Saben perfectamente que el tiempo político es efímero, que la función se termina y que la gente ha comenzado a perder el temor.
Hay certezas inobjetables. Al fin entendieron a Milei: grita para no hablar. Así es que, torpemente, los egresados de la escuelita libertaria de Adrián Núñez cumplen al pie de la letra el manual del tirano: el gobernante que no logra el afecto popular opta por el terror, intentando infundir un miedo que es, en el fondo, el reflejo exacto de su propia inseguridad.
Es que, al igual que sus propios jefes políticos, solo interpretan un rol asignado y no les importa ser los payasos de turno del verdadero poder económico y financiero al que representan y al que jamás se animarían a desafiar.
Incapaces de plantar bandera ante los verdaderos dueños de la billetera y el látigo, agachan la cabeza arriba y bajan la mira para golpear abajo, ensañándose con el eslabón más frágil: el ciudadano, el trabajador, el que no obedece como ellos.
Convirtieron al Estado en un juzgado ideológico y, de acuerdo con las evidentes pruebas que existen, hasta estarían malversando impuestos para financiar granjas de trolls y ejércitos digitales dedicados al hostigamiento.
Mínimamente, hay varios funcionarios públicos y militantes partidarios que simplemente se pasan el día entero en la burbuja digital, muy lejos de estar prestando servicios donde deberían y para lo que se les paga un salario. Todo esto bajo la atenta mirada del diputado Adrián Núñez, principal responsable político en Misiones.
Viven en la ilusión de que un muro de Instagram o un trending topic pagado pueden blindarlos de la realidad. Pero la vida real no es un algoritmo y, más temprano que tarde, los militantes de pantalla tendrán que salir a enfrentar el asfalto como cualquier vecino.
Para sostener esta farsa, no dudan en pisotear las reglas de la República y los acuerdos mínimos de la convivencia democrática.
Evidentemente, no toleran la independencia de criterio, ni el coraje y mucho menos a un pueblo que se niega a obedecer a ciegas. Les asusta la voz del ciudadano común y la posibilidad real de que se les ponga un freno institucional.
Lo que verdaderamente aterroriza a esta aristocracia en retirada es la libertad.
Por más prepotencia y dureza que intenten escenificar desde los atriles, el abuso y la infamia de usar los resortes del Estado para agredir al soberano no se borran.
Los cargos expiran, las bancas se desocupan y la furia de hoy es tan solo la máscara de su propio espanto. Gritan desde arriba porque tiemblan por dentro. Como dice la canción: «Tienen el poder y lo van a perder».
