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Jorge Villalba
El proyecto contempla una concesión por 20 años, prorrogable por otros cinco, y abre interrogantes sobre el impacto en el transporte, la logística y los costos del intercambio regional.
El presidente Javier Milei dio un nuevo paso en su política de concesiones privadas al declarar de interés público una iniciativa para entregar la administración y explotación del Centro de Fronteras de Paso de los Libres, en Corrientes, uno de los principales puntos de conexión terrestre entre Argentina y Brasil.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1350/2026, publicado en el Boletín Oficial el 11 de noviembre. El proyecto comprende el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI), ubicados frente a la ciudad brasileña de Uruguayana.
La propuesta contempla una concesión onerosa por 20 años, con posibilidad de prórroga por otros cinco. El futuro operador privado deberá financiar las inversiones necesarias para recuperar, modernizar, ampliar y mantener las instalaciones.
El proceso comenzó en 2024, cuando el Gobierno convocó a la presentación de iniciativas privadas. Se recibieron ocho propuestas, pero siete fueron descartadas durante la evaluación. La única que superó esa instancia fue presentada por un grupo integrado por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA.
Sin embargo, todavía no existe una adjudicación definitiva. El decreto habilita la iniciativa y establece que la Jefatura de Gabinete deberá elaborar los pliegos y convocar a una licitación pública para seleccionar al futuro concesionario.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL COMERCIO REGIONAL?
Paso de los Libres es una pieza fundamental del intercambio comercial entre Argentina y Brasil. Por sus instalaciones circulan diariamente cientos de camiones que transportan mercaderías y productos industriales, además de miles de personas que utilizan el corredor internacional.
El proyecto contempla repavimentación, recuperación de áreas operativas, modernización de iluminación y señalización, actualización de sistemas de pesaje, seguridad e incorporación de tecnología para los controles.
Es importante aclarar que la concesión alcanza la administración, operación y explotación de la infraestructura del complejo. El decreto no dispone la privatización de las funciones estatales de control aduanero, migratorio o sanitario.
UNA DECISIÓN QUE TAMBIÉN INTERESA A MISIONES
La medida merece atención en Misiones, donde el comercio fronterizo y el transporte internacional tienen un peso importante en la economía. Los cambios en la infraestructura y la administración de los pasos entre Argentina y Brasil pueden repercutir en los tiempos de circulación, los costos logísticos y la competitividad de las distintas conexiones regionales.
Para Misiones, que cuenta con pasos internacionales estratégicos como Puerto Iguazú-Foz de Iguazú, Posadas-Encarnación y San Javier-Porto Xavier, cualquier modificación en los grandes corredores comerciales del país merece seguimiento.
El interrogante será cómo se instrumentará la concesión, qué inversiones se concretarán, cuáles serán los mecanismos de control estatal y si la modernización prometida se traducirá en una circulación más ágil sin generar nuevos costos que terminen trasladándose a transportistas, empresas y usuarios.
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