Jorge Villalba
Durante años, este sistema fue defendido como una herramienta para controlar el ingreso de mercadería, evitar evasión y proteger al comercio local. Sin embargo, también fue duramente cuestionado por empresarios y transportistas, que lo señalaban como un freno a la actividad y un costo extra que terminaba trasladándose a los precios.
Ahora, con su eliminación, el gobierno provincial busca enviar una señal de alivio al sector productivo y comercial, en momentos donde el consumo sigue golpeado y la economía no logra recuperarse del todo.
Pero la medida no está exenta de contradicciones.
Mientras desde el gobierno nacional de Javier Milei se insiste en una baja de la inflación y una desregulación de la economía, en la práctica los costos siguen presionando sobre el bolsillo y las provincias comienzan a recalibrar sus propios esquemas para no asfixiar la actividad interna.
En ese escenario, la eliminación de la “aduana paralela” aparece como una jugada política: por un lado, descomprime reclamos históricos del sector privado; por otro, busca reposicionar a la provincia en un esquema más competitivo frente al nuevo modelo económico nacional.
El interrogante ahora es doble: si esta flexibilización logrará trasladarse efectivamente a precios más bajos y, al mismo tiempo, cómo hará el Estado para sostener los controles sin esa herramienta, en un contexto donde la recaudación también está bajo presión.
Así, más allá del alivio inmediato, la medida abre un nuevo capítulo en la discusión de fondo: cuánto intervenir, cuánto liberar y quién termina pagando el costo del equilibrio en una economía cada vez más exigente.
