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Jorge Villalba
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por el destino de aproximadamente $4 billones de fondos públicos.
La presentación judicial se originó en el movimiento de fondos obtenido a partir de una licitación de deuda pública.
Según el planteo de Pagano, una parte de esos recursos dejó de figurar en la cuenta que el Tesoro mantiene en el Banco Central y, de acuerdo con su denuncia, no existiría información pública suficiente que permita determinar con precisión el destino de ese dinero.
La legisladora llevó el planteo a la Justicia y pidió que se investigue el recorrido de los fondos, quiénes intervinieron en las decisiones y si existió alguna conducta ilícita en su administración.
En su presentación, la diputada cuestiona la salida del circuito habitual de administración financiera de una masa de fondos públicos cercana a los $4.000.000.000.000.
Pagano atribuye a los funcionarios denunciados posibles responsabilidades vinculadas con el manejo de esos recursos y plantea, entre otras figuras penales, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de actos de oficio y defraudación por administración fraudulenta agravada.
La denuncia también alcanza a otros funcionarios que pudieran resultar responsables dentro de áreas vinculadas con Hacienda, Finanzas, la Tesorería General de la Nación y el Banco Central.
La diputada sostiene que la Justicia deberá determinar dónde estuvieron los fondos, quién tomó las decisiones relacionadas con su administración y cuál fue el destino final del dinero.
“La plata de los argentinos”
Pagano hizo pública su presentación a través de sus redes sociales y resumió su planteo bajo una acusación concreta: “Denuncié penalmente a Caputo y Bausili”.
La legisladora sostuvo que se trata de casi $4 billones de fondos públicos cuyo destino, según su denuncia, no tendría una trazabilidad pública suficiente.
Más allá de las interpretaciones políticas que puedan surgir alrededor del caso, el punto central ahora es judicial: la denuncia deberá ser analizada por la Justicia, que tendrá que determinar si existió alguna irregularidad y, eventualmente, responsabilidades penales.
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Por el momento, se trata de una denuncia y de hechos que Pagano pide investigar, no de delitos judicialmente comprobados.
El caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el manejo de los fondos del Tesoro y pone bajo la lupa judicial a dos de los principales responsables de la política económica y monetaria del Gobierno nacional.
