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Jorge Villalba
En términos simples, el cambio propuesto por Nación significa que la AUH dejaría de tener un mecanismo de actualización automática atado a la inflación. El proyecto no establece una fórmula alternativa ni un cronograma de aumentos, por lo que las futuras actualizaciones quedarían sujetas a decisiones del Poder Ejecutivo.
Es un cambio que puede sentirse especialmente en los hogares que utilizan esa prestación para afrontar gastos cotidianos. La inflación puede seguir modificando el precio de los alimentos, los medicamentos, el transporte o la educación, pero el proyecto ya no garantizaría que la AUH acompañe automáticamente esa evolución.
La misma discusión aparece en materia de discapacidad, donde el proyecto nacional modifica mecanismos relacionados con las prestaciones y las pensiones.
Del otro lado aparece el Presupuesto 2027 de Misiones.
La provincia proyectó un presupuesto de $5,206 billones y definió que el 62,95% de los recursos estará destinado a salud, educación y políticas de contención social.
La diferencia se vuelve más visible cuando se la lleva al lenguaje cotidiano: mientras Nación propone quitarle a la AUH el mecanismo que la actualiza automáticamente frente a la inflación, Misiones reserva casi dos tercios de su presupuesto para sostener servicios y políticas que impactan directamente en la vida de los misioneros.
La modificación alcanza también a otras asignaciones familiares, entre ellas la Asignación por Embarazo, asignaciones por maternidad, nacimiento, adopción y ayuda escolar anual.
En discapacidad también aparecen cambios. El proyecto nacional modifica aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos el mecanismo de actualización de los aranceles de las prestaciones y las condiciones vinculadas a determinadas pensiones.
No se trata de comparar presupuestos como si Nación y provincia tuvieran las mismas responsabilidades. No las tienen. La AUH es una prestación nacional y la provincia no puede reemplazarla.
Pero sí existe una discusión política y económica concreta: qué sucede cuando el Estado nacional reduce o modifica mecanismos de protección y las provincias deben sostener con recursos propios la salud, la educación y la asistencia social.
En Misiones, la respuesta presupuestaria presentada para 2027 es poner el foco en la inversión social.
En Nación, el proyecto plantea un cambio de reglas para las asignaciones familiares y abre la discusión sobre cuánto aumentarán y bajo qué mecanismo.
El Presupuesto todavía debe atravesar el Congreso y puede sufrir modificaciones. Pero el contraste ya está planteado: una jurisdicción busca preservar con recursos propios una fuerte estructura de inversión social, mientras el proyecto nacional propone quitarle a una de las principales prestaciones para las familias un mecanismo automático de actualización.
Para miles de hogares misioneros, no es una discusión abstracta de números. Es la diferencia entre contar con una actualización prevista por ley o depender de la decisión que se tome cada vez que llegue el momento de aumentar la prestación.
