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Jorge Villalba
La revelación reavivó el debate sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios y el alcance del nuevo régimen de Inocencia Fiscal.
Las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvieron a colocar en el centro de la escena el debate sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos y el alcance de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
Durante una entrevista concedida este miércoles, el funcionario confirmó que presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y que además realizó rectificaciones sobre las presentaciones de 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción.
Sin embargo, la frase que más repercusiones generó fue su reconocimiento de que parte de los fondos acumulados junto a su esposa no habían sido declarados.
"Durante años ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", afirmó Adorni al explicar el origen de una parte de su patrimonio.
Según relató, la reconstrucción de sus bienes comenzó luego de las denuncias y cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio. En ese contexto, sostuvo que junto a su abogado revisó ingresos, inversiones y ahorros acumulados durante más de dos décadas de actividad privada.
El funcionario explicó que parte de sus bienes provienen de una herencia familiar y de inversiones realizadas en criptomonedas desde 2013. Según su versión, esas operaciones le permitieron demostrar que los recursos cuestionados fueron obtenidos antes de ocupar cargos públicos.
La situación adquirió una dimensión política adicional porque horas antes Adorni se había adherido al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la Ley de Inocencia Fiscal, una herramienta impulsada por el Gobierno nacional para facilitar la regularización y declaración de activos.
La coincidencia temporal entre la adhesión al régimen y la rectificación de sus declaraciones juradas generó críticas desde distintos sectores políticos y reabrió interrogantes sobre los mecanismos de control patrimonial aplicables a quienes ejercen funciones públicas.
Para Adorni, sin embargo, la cuestión tiene una explicación sencilla: asegura que no existe enriquecimiento ilícito porque los fondos cuestionados fueron obtenidos antes de ingresar al Estado.
"A mí me dolió un montón que me traten de chorro", expresó al referirse a las denuncias que enfrenta.
Más allá de las explicaciones del funcionario, el episodio volvió a instalar una discusión de fondo: si los mecanismos creados para facilitar la regularización de activos alcanzan también a quienes tienen la responsabilidad de administrar recursos públicos y si los estándares de transparencia exigidos a los funcionarios deben ser superiores a los que rigen para cualquier ciudadano.
La polémica promete continuar. Porque más allá de la legalidad de los procedimientos, la frase que dejó Adorni ya quedó instalada en el debate público: "ahorramos en negro".
